En línea con el espíritu del Protocolo de Kyoto, el uso de instalaciones solares térmicas para la producción de agua caliente sanitaria en sustitución de combustibles fósiles o energía eléctrica permite reducir las emisiones de CO2. Además, su empleo contribuye a aumentar la diversificación de las fuentes de energía y a disminuir la dependencia exterior de países no productores de combustibles fósiles, como es el caso de España. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, sólo genera el 3% de la energía total que consume, por lo que la promoción del uso de recursos energéticos propios de origen renovable es fundamental para paliar este déficit energético.
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Tras la entrada en vigor del Código Técnico de Edificación (CTE), donde se establecen las exigencias básicas que han de cumplir los edificios y obliga al uso de la energía solar para cubrir un porcentaje mínimo de la demanda energética de los mismos, este año 2007 se cerrará con unas 500.000 viviendas con instalaciones de energía solar térmica para conseguir agua caliente sanitaria. Todas estas viviendas, sin embargo, cuentan además con el gas natural como energía de apoyo, ya que la energía solar por sí sola no puede garantizar una cobertura total de la producción y servicio de agua caliente. Recoger el espíritu de Kyoto En 1997 los principales países industrializados firmaron el Protocolo de Kyoto con el objetivo de reducir de forma global los niveles de CO2 y de otros gases de efecto invernadero e impulsar el desarrollo de energías renovables. En él se fija como objetivo alcanzar en 2010 para el conjunto de la Unión Europea una reducción de las emisiones del 8% basándose en los niveles de 1990, así como a cubrir el 12% de la demanda europea de energía primara con energías renovables. Un objetivo que aún queda lejos para la mayoría de países firmantes del Protocolo, incluido España. El uso de la energía solar térmica de concentración (ESTC) es aún incipiente pero podría suministrar un tercio de la electricidad mundial en 2050, según Greenpeace. Sin embargo, para alcanzar esta cifra se requeriría una inversión anual de 174.585 millones de euros para 80.827 MW. En un escenario de inversión más moderada, la potencia podría llegar al 15% de la demanda energética mundial en 2050, con un coste de más de 90.000 millones de euros al año. Con el uso de esta tecnología, el ahorro de emisiones de CO2 oscilaría entre 55.250 millones de toneladas y 28.318 millones, frente a la electricidad con combustibles fósiles. |
